Desde monumentos nacionales hasta edificios, fincas, plazas o huertos, el afán inmatriculador de la jerarquía católica española no ha tenido fin. Sin importar que se tratara de bienes patrimonio de la humanidad con un valor cultural e histórico incalculable, o que fuera una humilde parroquia levantada con el esfuerzo de una pequeña pedanía, la Iglesia católica, gracias a un subterfugio jurídico proveniente del franquismo y ampliado por Aznar, se ha convertido en el mayor propietario inmobiliario del país.